Sobre los funcionarios

Es inevitable hacer mención al post de Davir R. Jordán sobre lo injusto de los recortes que estamos sufriendo (y sufriremos) los que nos dedicamos a esto de la función pública (que no es otra cosa que el Servicio Público). Nos sentimos como él, pensamos como él. Al mismo tiempo me ha llegado una carta abierta de Francisco J. Bastida, Catedrático de Derecho Constitucional, que me parece que explica muy bien el objetivo último de quienes toman estas medidas.

He enlazado la entrada de David y transcribo más abajo la carta de Francisco J. Bastida.

SOBRE LOS FUNCIONARIOS

Con el funcionariado está sucediendo lo mismo que con la crisis económica. Las víctimas son presentadas como culpables y los auténticos culpables se valen de su poder para desviar responsabilidades, metiéndoles mano al bolsillo y al horario laboral de quienes inútilmente proclaman su inocencia. Aquí, con el agravante de que al ser unas víctimas selectivas, personas que trabajan para la Administración pública, el resto de la sociedad también las pone en el punto de mira, como parte de la deuda que se le ha venido encima y no como una parte más de quienes sufren la crisis. La bajada salarial y el incremento de jornada de los funcionarios se aplauden de manera inmisericorde, con la satisfecha sonrisa de los gobernantes por ver ratificada su decisión.

Detrás de todo ello hay una ignorancia supina del origen del funcionariado. Se envidia de su status —y por eso se critica— la estabilidad que ofrece en el empleo, lo cual en tiempos de paro y de precariedad laboral es comprensible; pero esta permanencia tiene su razón de ser en la garantía de independencia de la Administración respecto de quien gobierne en cada momento; una garantía que es clave en el Estado de derecho. En coherencia, se establece constitucionalmente la igualdad de acceso a la función pública, conforme al mérito y a la capacidad de los concursantes. La expresión de ganar una plaza «en propiedad» responde a la idea de que al funcionario no se le puede «expropiar» o privar de su empleo público, sino en los casos legalmente previstos y nunca por capricho del político de turno. Cierto que no pocos funcionarios consideran esa «propiedad» en términos patrimoniales y no funcionales y se apoyan en ella para un escaso rendimiento laboral, a veces con el beneplácito sindical; pero esto es corregible mediante la inspección, sin tener que alterar aquella garantía del Estado de derecho.

Los que más contribuyen al desprecio de la profesionalidad del funcionariado son los políticos cuando acceden al poder. Están tan acostumbrados a medrar en el partido a base de lealtades y sumisiones personales, que cuando llegan a gobernar no se fían de los funcionarios que se encuentran. Con frecuencia los ven como un obstáculo a sus decisiones, como burócratas que ponen objeciones y controles legales a quienes piensan que no deberían tener límites por ser representantes de la soberanía popular. En caso de conflicto, la lealtad del funcionario a la ley y a su función pública llega a interpretarse por el gobernante como una deslealtad personal hacia él e incluso como una oculta estrategia al servicio de la oposición.

Para evitar tal escollo han surgido, cada vez en mayor número, los cargos de confianza al margen de la Administración y de sus tablas salariales; también se ha provocado una hipertrofia de cargos de libre designación entre funcionarios, lo que ha suscitado entre éstos un interés en alinearse políticamente para acceder a puestos relevantes, que luego tendrán como premio una consolidación del complemento salarial de alto cargo. El deseo de crear un funcionariado afín ha conducido a la intromisión directa o indirecta de los gobernantes en procesos de selección de funcionarios, influyendo en la convocatoria de plazas, la definición de sus perfiles y temarios e incluso en la composición de los tribunales. Este modo clientelar de entender la Administración, en sí mismo una corrupción, tiene mucho que ver con la corrupción económico-política conocida y con el fallo en los controles para atajarla.

Estos gobernantes de todos los colores políticos, pero sobre todo los que se tildan de liberales, son los que, tras la perversión causada por ellos mismos en la función pública, arremeten contra la tropa funcionarial, sea personal sanitario, docente o puramente administrativo. Si la crisis es general, no es comprensible que se rebaje el sueldo sólo a los funcionarios y, si lo que se quiere es gravar a los que tienen un empleo, debería ser una medida general para todos los que perciben rentas por el trabajo sean de fuente pública o privada. Con todo, lo más sangrante no es el recorte económico en el salario del funcionario, sino el insulto personal a su dignidad. Pretender que trabaje media hora más al día no resuelve ningún problema básico ni ahorra puestos de trabajo, pero sirve para señalarle como persona poco productiva.

Reducir los llamados «moscosos» o días de libre disposición —que nacieron en parte como un complemento salarial en especie ante la pérdida de poder adquisitivo— no alivia en nada a la Administración, ya que jamás se ha contratado a una persona para sustituir a quien disfruta de esos días, pues se reparte el trabajo entre los compañeros. La medida sólo sirve para crispar y desmotivar a un personal que, además de ver cómo se le rebaja su sueldo, tiene que soportar que los gobernantes lo estigmaticen como una carga para salir de la crisis. Pura demagogia para dividir a los paganos.

En contraste, los políticos en el poder no renuncian a sus asesores ni a ninguno de sus generosos y múltiples emolumentos y prebendas, que en la mayoría de los casos jamás tendrían ni en la Administración ni en la empresa privada si sólo se valorasen su mérito y capacidad. Y lo grave es que no hay propósito de enmienda. No se engañen, la crisis no ha corregido los malos hábitos; todo lo más, los ha frenado por falta de financiación o, simplemente, ha forzado a practicarlos de manera más discreta.

Francisco J. Bastida.

Catedrático de Derecho Constitucional

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Propuestas para un Manifiesto ágil de las AAPP

chalk_board.png Algunas propuestas a mano alzada para una Manifiesto ágil / simple de la Administración Pública:

  1. Estimular la interacción entre los profesionales, por encima de procesos y herramientas.
  2. Ofrecer un servicio público útil, eficaz y eficiente, por encima de burocracias y procedimientos
  3. Posibilitar la colaboración con el ciudadano, por encima de la relación unidireccional y las actitudes paternalistas.
  4. Potenciar la innovación, por encima de cumplimiento de planes estratégicos.

Vaciar la administración de burocracias y procedimientos inútiles. Potenciar la confianza y la interactividad. Facilitar la participación y la cogestión.

Colaborando en el hackeo de la Administración

papeleraDavid R. Jordán (@davidrjordan) proponía hace unos días en su Funkziuni una propuesta, a la que ha denominado simpleGov que persigue “reinventar entre todos” los procedimientos que realizamos en la administración, con el objetivo de reducir la carga burocrática, evitando duplicidades y solapamientos.

La tarea que propone David tiene su enjundia. Tanto que para que fructifique, la única (o casi) forma de llevarla a la práctica es a través de la participación activa y proactiva de los trabajadores de los distintos niveles y sectores de la administración.

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¿Cómo se elige al jefe?

Apuntes para avanzarEn los últimos días se está generando un debate en la red muy interesante sobre la necesidad o no de la profesionalización de la dirección en los servicios públicos. La verdad es que es un debate abierto desde hace tiempo, pero que últimamente se ha intensificado y actualizado. Las multiples aportaciones, el intercambio de perspectivas y argumentos enriquecen la deliberación.

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Los falsos argumentos para implantar la gestión privada en la empresa pública

Últimamente, debido a los recortes que se están produciendo en el sector público, se  avivó un debate sobre la pertinencia de exportar estrategias de gestión de la empresa privada e implantarlas en la administración pública.

El pasado día 7 de enero se publicó en el blog i-public@ un post elaborado por @orcarcortes, (y del que se hizo eco Funcionarios emprendedores) titulado Gestión pública vs. Gestión privada cuyo contenido no termino de compartir (aunque supongo que tenemos coincidencias de fondo) y al que me gustaría contestar. Os recomiendo previamente su lectura para poneros en situación.

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Sobrevivir en la sanidad pública

nubarronesEstamos en plena torbellino de recortes, cambios, modificaciones, congelaciones. En Castilla-La Mancha no sólo no estamos al margen de ellos, sino que hemos pasado a encabezar el ranking de comunidades más recortadas del país.

Las prioridades en la Administración pública han cambiado en las últimas semanas. Llevamos años interiorizando la necesidad de ofrecer un servicio de calidad, mejorar la calidad de la atención, la calidez y calidad en el trato, asegurar la calidad científico-técnica en materia de salud, mejorar la accesibilidad, la confortabilidad de los ciudadanos que vienen a solicitar este servicio público. Y ahora nos encontramos con que todo esto pasa una plano secundario para ser sustituído por el ahorro. No la racionalización del gasto, no la economía en la gestión, no la optimización de las inversiones…., no.

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La revolucionaria creatividad

varitaImaginación frente a recortes. Creación frente a recesión.

Todo el mundo es consciente de que son malos momentos para los servicios y administraciones públicas. En estas circunstancias se hace urgente la búsqueda de alternativas laterales, “fuera de la caja“. Apostar por la imaginación, por el ingenio, por la iniciativa, por la agudeza.

La propuesta de quienes tienen capacidad para realizarlas es hacer lo mismo, con las mismas herramientas, con los mismos métodos. Esto sólo nos puede llevar a la sustracción, a la disminución, a la resta. De esta forma, en momentos en los que no existe la posibilidad de expansión sólo queda el inmovilismo o la reducción.

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Administración 2.0 vs. directivos 1.0

administracion 2.0Estamos espeñados desde diferentes ámbitos y estamentos en modernizar la Administración, mejorar la comunicación interna, exponerla a los ciudadanos [egov] y poner a disposición de éstos información útil y práctica para que pueda reunitizarse por parte de particulares y empresas [ogov], e incluso queremos mantener informados a todos los administrados de a qué se dedica el presupuesto, cuales son los acciones o proyectos en los que cada administración está trabajando. Y todo ello utilizando nuevas herramientas. En definitiva parir una Administración 2.0.

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Profesionales de la administración. Ser o estar

AyudaSegún lo veo yo, existen dos grandes grupos de reivindicaciones profesionales en la Administración pública: [1] uno que tiene que ver con el “estar” y [2] otro más relacionado con el “ser”.

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Sostenibilidad y control de horarios en la Administración

FuncionariosEn los últimos días se está produciendo en el grupo PIPEJGV en LinkedIN un debate muy interesante, con intervenciones suculentas y que afecta a los cimientos mismos de la administración pública del futuro. El debate parte de una entrada en el blog de KGomerment elaborada por @carlosguadian en la que se comenta brevemente una decisión del Gobierno Canario, según la cual se sancionará con pérdida de salario a los funcionarios que permanezcan en sus respectivos puestos de trabajo menos tiempo del legalmente establecido.

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